“Desde el primer minuto, mi equipo y yo nos hemos puesto en marcha para intentar sacar adelante todos los desarrollos normativos contemplados en la ley, porque somos muy conscientes de que todos ellos son imprescindibles para conseguir que el sistema funcione”, afirmó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, en respuesta a una comparecencia parlamentaria donde informó sobre los avances que su departamento está acometiendo para lograr la plena implantación de la Ley de Servicios Sociales de Canarias.

“El trabajo que tenemos por delante es inmenso, pero les aseguro que contamos con una buena ley, una normativa que es fruto del consenso de todas y todos y que ahora nos queda desarrollar en los diversos aspectos que han quedado pendientes para culminar su total desarrollo”, enfatizó.

“De hecho -indicó- de los 34 reglamentos necesarios para poder decir que la normativa está operativa solo se han aprobado tres: el Decreto 22/2021, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de los órganos colegiados de la Ley de Servicios Sociales de Canarias; el Decreto 144/2021, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del concierto social en el ámbito de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Decreto 57/2023, de 27 de abril, aprobado al finalizar la anterior legislatura, por el que se aprueba el Catálogo de Servicios y Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias, se determinan los requisitos y condiciones de acceso a los servicios y prestaciones del Sistema y el procedimiento de su actualización y revisión”.

“Por ello, hemos elaborado un amplio plan de trabajo que nos permitirá avanzar en los diversos desarrollos reglamentarios previstos en la Ley, entre ellos, el Proyecto de Decreto de régimen jurídico del Sistema canario unificado de Información de los Servicios Sociales, que incluirá la regulación del sistema canario unificado de información, la historia social única y el registro único de entidades, centros y servicios y el proyecto de Decreto de determinación de la capacidad económica de las personas usuarias del sistema público de servicios sociales”.

En este sentido, señaló que “la consejería ya está trabajando en la aprobación del Plan de inclusión social y lucha contra la pobreza; la aprobación del Primer diagnóstico del Observatorio Canario de los Servicios Sociales; el Régimen de ayudas a los traslados de personas usuarias y sus acompañantes fuera de su isla de residencia y dentro del territorio nacional y los criterios de colaboración entre el sistema público de servicios sociales y el sistema judicial”.

“Igualmente -aclaró- consideramos imprescindible la aprobación del plan estratégico de servicios sociales y de los planes sectoriales de ámbito autonómico, teniendo en cuenta las propuestas del Consejo General de Servicios Sociales y de la Conferencia Sectorial de Servicios Sociales, para remitirlos al Parlamento de Canarias y que se pronuncie sobre estos y que nos permitirá contar con un Mapa de servicios sociales de Canarias, que establecerá el despliegue del sistema público de servicios sociales, definiendo los criterios poblacionales más idóneos para la implantación de los diferentes servicios incluidos en el Catálogo de Servicios y Prestaciones, atendiendo a la naturaleza de los mismos, al número de personas potencialmente demandantes y a la necesidad de garantizar, en todo lo posible, su mayor proximidad, con vistas a facilitar la integración de las personas usuarias en el entorno social habitual”.

Delgado también hizo referencia a los órganos colegiados previstos en la Ley y que se prevén en el Catálogo de Servicios y Prestaciones “pero que todavía no están constituidos”, como el Comité de Ética de los Servicios Sociales, el Consejo de Atención Sociosanitaria y la Comisión de Asesoramiento y Supervisión en el Ámbito Social y Judicial.

Además, indicó, que se encuentran pendientes de acometer los desarrollos reglamentarios relativos a la figura del Profesional de Referencia y los derechos de las personas usuarias del sistema público de servicios sociales; los servicios sociales de atención primaria y comunitaria y los niveles de atención del sistema público de servicios sociales y su financiación; así como la financiación privada de los servicios sociales: partenariado, patrocinio y mecenazgo en el sistema público de servicios sociales, las potestades inspectora y sancionadora de la Administración y la regulación de la atención integrada de carácter social y sanitario.

Hay que recordar que la Ley de Servicios Sociales de Canarias entró en vigor el 18 de mayo de 2019. Contempla 34 desarrollos reglamentarios específicos a lo largo de sus 108 artículos, así como otras medidas, sometidas a plazos, establecidas en su momento por el legislador en las catorce Disposiciones Adicionales del texto legal.